Funcionario denunció ante Contraloría al seremi Rodrigo Lagos por hostigamiento laboral

La presentación acusa al actual seremi de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía de permitir y profundizar un proceso de aislamiento y menoscabo laboral. Novena Digital revisó resoluciones, correos, evaluaciones, registros de la Ley del Lobby, fotografías y comprobantes de ingreso. Contraloría todavía no se pronuncia sobre el fondo de la denuncia.

Un funcionario de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía denunció ante la Contraloría General de la República al actual titular de la cartera en la región, Rodrigo Lagos Sagredo, por una serie de actuaciones que califica como hostigamiento, persecución y menoscabo laboral.

La denuncia fue ingresada el 28 de agosto de 2026 y, al cierre de este reportaje, permanecía en etapa de análisis. El comprobante acredita la recepción de la presentación, pero Contraloría todavía no ha emitido un pronunciamiento sobre los hechos ni sobre la responsabilidad de la autoridad.

Novena Digital revisó la denuncia, resoluciones administrativas, correos institucionales, evaluaciones funcionarias, antecedentes relacionados con la plataforma de la Ley del Lobby, fotografías del puesto de trabajo y comprobantes de trámites anteriores.

El trabajador solicitó expresamente la reserva de su identidad. Por esa razón, este medio omitirá su nombre, las imágenes originales y otros antecedentes que puedan facilitar su reconocimiento público.

Una denuncia contra la actual autoridad

La presentación acusa a Rodrigo Lagos de ejecutar o permitir una sucesión de decisiones que habrían profundizado el aislamiento del funcionario dentro del servicio.

Entre los hechos cuestionados se encuentran el traslado desde una oficina cerrada hasta un espacio abierto, su eliminación de la plataforma de la Ley del Lobby, evaluaciones de desempeño que incorporaron investigaciones todavía pendientes y la apertura de un nuevo procedimiento después de un episodio relacionado con la atención de un usuario.

El denunciante también atribuye acciones directas de hostigamiento a la funcionaria que había presentado una denuncia anterior en su contra. Sostiene que las nuevas labores de coordinación que Rodrigo Lagos le entregó a esa trabajadora facilitaron su intervención en reuniones y espacios vinculados con las funciones que él desarrollaba.

La denuncia actual, sin embargo, está dirigida contra el seremi Rodrigo Lagos, a quien el funcionario responsabiliza de haber permitido, facilitado o agravado esas actuaciones.

El antecedente de un sumario anterior

El caso tiene como antecedente un sumario administrativo iniciado durante la administración regional anterior, luego de una denuncia de acoso laboral presentada contra el funcionario.

Ese procedimiento concluyó con una multa equivalente al 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito. La medida fue confirmada por la Subsecretaría de Transportes en febrero de 2026 y contempló, además, la separación de los espacios físicos de trabajo entre las partes.

El funcionario rechazó las conclusiones del sumario y el 17 de marzo recurrió ante Contraloría, alegando vulneraciones al debido proceso, problemas en la formulación de los cargos y una valoración parcial de las pruebas. El registro consultado por Novena Digital indica que ese requerimiento continúa en análisis.

Por lo tanto, existe una sanción administrativa confirmada por la Subsecretaría, pero también un reclamo pendiente ante el organismo fiscalizador.

Del regreso a la oficina a un nuevo traslado

Después de reincorporarse a sus labores, el trabajador fue enviado inicialmente a la misma oficina que utilizaba antes del procedimiento, pese a que la resolución anterior contemplaba su reubicación en otras dependencias.

Un correo del 24 de marzo confirma que el encargado regional de Personas le indicó que debía continuar ejerciendo sus funciones en la oficina que tenía asignada y que cualquier cambio posterior sería informado oportunamente.

La situación se mantuvo hasta el 14 de agosto, cuando Rodrigo Lagos firmó una resolución que dispuso el traslado del funcionario a dependencias de la División de Transporte Público Regional a contar del día 17 del mismo mes.

El acto administrativo fundamentó la decisión en el cumplimiento de la resolución anterior, la protección de la denunciante y el normal funcionamiento del servicio.

El trabajador no cuestiona que la autoridad tenga atribuciones para disponer cambios de ubicación. Su denuncia apunta a la forma y las condiciones en que se ejecutó la medida.

Según su relato, pasó desde una oficina cerrada a un puesto instalado en una dependencia abierta, compartida y expuesta a circulación, que considera inadecuada para labores técnicas que requieren concentración, reuniones y revisión de proyectos.

Las fotografías examinadas por Novena Digital muestran un escritorio ubicado en un espacio abierto, próximo a un sector de tránsito y junto a otras estaciones de trabajo. Las imágenes respaldan la descripción física entregada por la fuente. Determinar si esas condiciones configuran jurídicamente un menoscabo forma parte de la controversia planteada ante Contraloría.

Las fotografías no serán publicadas debido a que podrían contribuir a identificar al funcionario.

Eliminado de la plataforma de la Ley del Lobby

Otro de los antecedentes incorporados a la denuncia corresponde a la eliminación del trabajador como sujeto pasivo de la plataforma de la Ley del Lobby.

El funcionario asegura que nunca fue notificado directamente de la modificación y que se enteró después de que consultores externos le informaran que no podían encontrar su perfil para solicitar una reunión.

Un correo del 18 de mayo confirma que representantes de un proyecto intentaron gestionar una audiencia con analistas de la Seremi, pero advirtieron que en la plataforma solamente aparecía el secretario regional ministerial.

Al día siguiente, una funcionaria del nivel central informó al trabajador que, durante la validación de los sujetos pasivos, el encargado regional de Personas había pedido “a nombre del seremi” eliminar su perfil y el de otras dos personas.

El antecedente confirma que el funcionario fue retirado del sistema por una gestión atribuida a la autoridad regional, aunque también demuestra que la medida no lo afectó exclusivamente a él.

Los documentos revisados no contienen una comunicación previa dirigida al trabajador. Este asegura que la decisión agregó una intermediación innecesaria para gestionar reuniones relacionadas con sus labores técnicas.

La Seremi respondió que la modificación fue informada internamente mediante correo electrónico. Sin embargo, no precisó la fecha, el destinatario ni acompañó el mensaje mediante el cual el funcionario habría sido notificado.

Nuevas funciones para la denunciante anterior

Un correo institucional del 29 de abril confirma que, por instrucción de Rodrigo Lagos, la funcionaria que había presentado la denuncia anterior comenzó a apoyar labores de coordinación y gestión interdepartamental.

El mensaje establecía que podría participar en reuniones, actividades en terreno e instancias de coordinación, y solicitaba a las distintas unidades facilitar el desarrollo de esas tareas.

El denunciante sostiene que la decisión permitió que la funcionaria continuara ingresando a espacios vinculados con su trabajo y fuera incorporada a citaciones relacionadas con proyectos bajo su revisión. Interpreta esa situación como una prolongación del contacto que la medida de separación buscaba evitar.

Los antecedentes confirman la asignación de las nuevas funciones y su incorporación a determinadas comunicaciones. Por sí solos, sin embargo, no permiten atribuir una intención específica a la decisión.

La Seremi defendió el nombramiento y señaló que las medidas de resguardo no implican ocultar a la funcionaria, excluirla de sus tareas ni limitar su desarrollo laboral.

Tres llamadas de un usuario y una nueva investigación

La segunda investigación contra el funcionario se originó después de un episodio ocurrido el 3 de julio.

Ese día, el trabajador informó mediante un correo dirigido a Rodrigo Lagos y al encargado de Personas que un usuario había llamado tres veces por una materia correspondiente a otra área. Señaló que intentó derivar las comunicaciones sin obtener respuesta y que posteriormente se dirigió al primer piso para consultar cómo orientar al usuario.

El mensaje, enviado a las 12:40 horas, consignó llamadas recibidas a las 11:12, 11:23 y 12:19. En el mismo correo solicitó coordinar un mecanismo para evitar que consultas ajenas a sus funciones continuaran llegando a su oficina.

El 8 de julio, después de ser citado por el seremi, el funcionario reiteró por escrito que había actuado de manera respetuosa y pidió que se estableciera un protocolo o se informaran los anexos disponibles cuando las personas encargadas de una materia no pudieran responder.

En su denuncia ante Contraloría, el trabajador afirma que durante aquella reunión Rodrigo Lagos lo reprendió y le advirtió que ya había enfrentado un procedimiento y que no debía obligarlo a pronunciarse sobre un segundo proceso. Al tratarse de una conversación verbal sin registro, Novena Digital no pudo corroborar de manera independiente esa frase.

Posteriormente, una resolución del 23 de julio dejó consignado que, mediante dos memorandos de fechas 10 y 14 del mismo mes, fueron remitidos formularios de denuncia de acoso laboral por hechos ocurridos el 3 de julio que afectarían a dos funcionarios.

La misma resolución se refiere a “las denuncias de fecha 10 y 14 de julio” y ordena investigarlas conjuntamente dentro de un solo procedimiento sumario.

Novena Digital no tuvo acceso a los formularios originales ni a los memorandos respectivos. Por ello, no es posible conocer las imputaciones completas ni evaluar su fundamento.

La existencia de esas presentaciones tampoco acredita responsabilidad del funcionario, debido a que la investigación permanece abierta y no cuenta con una resolución de término.

Investigaciones pendientes incorporadas a su evaluación

Las investigaciones también fueron mencionadas en las evaluaciones funcionarias realizadas por Rodrigo Lagos.

En un informe notificado el 14 de julio, la autoridad calificó con notas bajas los factores relacionados con el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Para fundamentarlas hizo referencia a investigaciones y reclamos recibidos contra el trabajador.

La precalificación notificada el 9 de septiembre volvió a mencionar la existencia de dos denuncias Ley Karin. El documento redujo varios factores, aunque su resultado final mantuvo al funcionario en Lista 2, correspondiente a desempeño “Bueno”.

El trabajador cuestiona que procedimientos todavía sin resolver hayan sido utilizados para evaluar sus relaciones laborales. También sostiene que no correspondía precalificarlo, ya que debido al periodo en que permaneció suspendido habría ejercido funciones efectivas durante menos de seis meses.

Para fundamentar esa objeción invoca el artículo 40 del Estatuto Administrativo, que contempla la conservación de la calificación anterior cuando un funcionario no completa el tiempo mínimo de desempeño efectivo.

La Seremi no respondió específicamente sobre la aplicación de esa norma ni explicó por qué las investigaciones pendientes fueron incorporadas a la fundamentación. Contraloría tampoco ha resuelto hasta ahora la interpretación planteada por el trabajador.

La respuesta de la Seremi

Consultada por Novena Digital, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones señaló que Rodrigo Lagos no había recibido una notificación formal de Contraloría por la denuncia presentada en su contra.

Esta afirmación no desconoce necesariamente el ingreso: el comprobante acredita que la presentación fue recibida el 28 de agosto, pero todavía permanecía en análisis y la autoridad regional podía no haber sido notificada.

La institución sostuvo que las decisiones sobre funciones, dependencias y mecanismos de coordinación corresponden a facultades administrativas y que no constituyen por sí mismas sanciones ni represalias.

También indicó que existen dos nuevas denuncias “de similar naturaleza”, formuladas por otros funcionarios y actualmente bajo investigación. La resolución revisada confirma la existencia de dos formularios vinculados con el episodio del 3 de julio, tramitados conjuntamente dentro de una sola investigación.

“Que existan denuncias pendientes no permite atribuir responsabilidad al funcionario antes de que concluya el procedimiento”, es la precisión que surge del estado actual de los antecedentes.

La repartición aseguró que no existen elementos que permitan sostener que sus decisiones formen parte de un proceso de hostigamiento y señaló que no entregaría información específica de las investigaciones en curso por razones de confidencialidad y debido proceso.

Su respuesta no abordó detalladamente la idoneidad del nuevo espacio de trabajo, la ausencia de una comunicación directa sobre la eliminación de la plataforma del Lobby, la aplicación del artículo 40 del Estatuto Administrativo ni la advertencia verbal que el funcionario atribuye al seremi.

Una denuncia que deberá resolver Contraloría

Los antecedentes revisados acreditan la existencia y secuencia de las decisiones administrativas cuestionadas por el funcionario: el traslado, el cambio en la plataforma de la Ley del Lobby, las nuevas funciones asignadas a la denunciante anterior, las evaluaciones que mencionaron procedimientos pendientes y la apertura de una investigación después del episodio relacionado con la atención de un usuario.

Corresponderá a Contraloría determinar si, consideradas en conjunto, esas actuaciones configuraron hostigamiento, represalia, menoscabo laboral o un ejercicio irregular de las atribuciones administrativas.

La Seremi rechaza esa interpretación y sostiene que actuó dentro de sus facultades. La denuncia, en tanto, continúa en análisis y todavía no existe un pronunciamiento del organismo fiscalizador sobre su contenido.