El Ejecutivo insiste en que la reserva bancaria dificulta el trabajo del SII, el Ministerio Público y la UAF frente a redes de crimen organizado. Desde la oposición, acusan riesgos a la privacidad y uso político de los datos.
Este jueves 17 de julio, el debate sobre el secreto bancario volvió al centro de la discusión legislativa. El gobierno de Gabriel Boric ha reiterado que una de sus prioridades es modificar la ley para facilitar el acceso a información financiera en el marco del combate al narcotráfico, el crimen organizado y la evasión tributaria. Sin embargo, sectores de oposición se oponen férreamente, argumentando que esta medida vulneraría derechos constitucionales y abriría la puerta a fiscalizaciones arbitrarias.
¿Qué es el secreto bancario?
En Chile, el secreto bancario está regulado por el artículo 154 de la Ley General de Bancos, que obliga a las entidades financieras a guardar reserva sobre las operaciones pasivas (cuentas corrientes, depósitos, ahorros) de sus clientes. Esta confidencialidad también se extiende a los directores, ejecutivos y empleados de los bancos.
Actualmente, sólo puede levantarse por autorización judicial, a solicitud del Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII) u otros organismos autorizados por ley. También puede abrirse si el propio titular de la cuenta lo permite.
¿Cuál es su vínculo con el narcotráfico?
Desde el Ejecutivo y organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se ha advertido que el secreto bancario ha sido una traba estructural para investigar redes de narcotráfico y lavado de dinero. Muchas de estas organizaciones operan mediante empresas fachada, transferencias ocultas o triangulaciones financieras, que no pueden ser rastreadas a tiempo sin acceso oportuno a los movimientos bancarios.
Según fuentes del Ministerio del Interior, levantar el secreto bancario bajo ciertos criterios y con supervisión judicial permitiría seguir la pista del dinero ilícito, congelar activos y fortalecer las estrategias de persecución penal y patrimonial.
¿Por qué el gobierno de Boric insiste en esta medida?
El presidente Gabriel Boric y su equipo económico han defendido el levantamiento del secreto bancario como parte de una estrategia integral para:
- Reducir la evasión fiscal en los tramos de mayores ingresos.
- Combatir el lavado de activos, especialmente en delitos ligados al narcotráfico.
- Fortalecer la fiscalización del SII y la eficacia de la UAF.
- Evitar que el sistema financiero sea usado para ocultar flujos ilícitos.
Durante la discusión de la fallida reforma tributaria en marzo, una de las propuestas más resistidas fue precisamente permitir que el SII accediera directamente a información bancaria de ciertos contribuyentes sin orden judicial previa. La iniciativa fue rechazada por parlamentarios de Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano, quienes acusaron que esto abría una puerta peligrosa a la vigilancia del Estado sobre las finanzas personales.
¿Qué dicen los sectores que se oponen?
Desde la oposición, se advierte que:
- Levantar el secreto bancario sin control estricto puede traducirse en vulneraciones a la privacidad y al debido proceso.
- Existe el riesgo de que se filtre información sensible o que esta se use con fines políticos.
- El acceso directo del SII a las cuentas rompe con la tradición legal chilena, que exige autorización judicial previa para revisar patrimonio financiero.
Además, algunos parlamentarios han alertado sobre los posibles efectos colaterales de la medida: pérdida de confianza en el sistema financiero, fuga de capitales o desincentivo al ahorro e inversión.
Una tensión entre derechos y fiscalización
El Ejecutivo sostiene que el secreto bancario, tal como está regulado actualmente, protege no sólo a contribuyentes honestos, sino también a grandes evasores y organizaciones criminales. La propuesta oficial contempla mantener controles judiciales y límites estrictos, pero ampliar las capacidades del Estado para detectar flujos financieros irregulares.
Por ahora, el secreto bancario se mantiene como una barrera legal, y sólo puede ser levantado con orden judicial expresa. Sin embargo, su futuro seguirá siendo motivo de tensión entre quienes priorizan la lucha contra el crimen organizado y quienes temen una sobrerregulación estatal que afecte derechos fundamentales.
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