Nuestro medio ha iniciado una investigación exhaustiva tras acceder a documentación que revela millonarios sobreprecios en la adquisición de vestuario táctico. Los antecedentes, que ya están siendo remitidos a la Contraloría General de la República, apuntan a figuras de tráfico de influencias, cohecho y un eventual notable abandono de deberes.
Durante la mañana de este viernes 13 de marzo, el equipo periodístico de Novena Digital tuvo acceso exclusivo a una serie de expedientes y copias de licitaciones que exponen graves irregularidades en la Asociación de Municipalidades de la Zona Metropolitana de la Araucanía (Amzoma). La investigación preliminar arroja indicios de procesos viciados que podrían comprometer la probidad administrativa de altas autoridades y funcionarios técnicos.
La evidencia del sobreprecio
La indagatoria se centra en la licitación ID 1417902-8-LE25, donde se detectó que el precio pagado por equipamiento básico excede con creces los valores de mercado y los mismos catálogos del proveedor adjudicado (Dagoway Trade SPA). Un ejemplo crítico es el valor de los pantalones tácticos, cuyo precio neto en el catálogo es de $29.990, pero que en la cotización visada por Amzoma escaló a $53.621 netos.
Este abultamiento de costos no solo representa un perjuicio fiscal de millones de pesos, sino que configura un escenario que, según expertos legales, podría derivar en denuncias por cohecho, tráfico de influencias y notable abandono de deberes.
Los firmantes bajo sospecha
La documentación en poder de este medio cuenta con la firma de los responsables de la Unidad Técnica Evaluadora, quienes validaron y propusieron la adjudicación a pesar de las evidentes discrepancias financieras. Entre los principales involucrados en el proceso de revisión y firma se encuentran:
- Richard Gutiérrez Lamilla, en su calidad de Director de Seguridad Pública.
- Daniela Sanzana Cartes, quien se desempeña como abogada de Amzoma y miembro del directorio.
- Javiera Dávila Poblete, encargada de vestuario y equipo, responsable de la contabilidad y adquisiciones de la asociación.
Denuncia ante la Contraloría
Novena Digital ha podido confirmar que los antecedentes ya están siendo procesados para una denuncia formal ante la Contraloría General de la República. Esta acción busca que el órgano contralor determine las responsabilidades administrativas y penales tras lo que parece ser una estructura destinada a favorecer a proveedores con precios inflados.
Nuestro medio mantendrá un seguimiento estricto de la respuesta que entreguen las autoridades municipales y de la asociación durante la próxima semana, ante lo que se perfila como uno de los escándalos de gestión de fondos públicos más graves del último tiempo en la zona metropolitana de La Araucanía.


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