Polémica en el INDH: Chile Vamos solicita remoción de consejeros tras querella por tráfico de influencias

Todo se originó el pasado 5 de junio, cuando Ciper reveló un presunto lobby para allanar el camino de la ministra María Teresa Letelier a la Suprema. Producto de esto, el INDH ingresó una querella contra quienes resulten responsables por el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, un recurso presentado por el exministro Mario Desbordes, quien fue mencionado en el reportaje, dejó sin efecto la acción del Instituto.

Este episodio fue aprovechado por las bancadas de la UDI, RN y Evópoli para acusar diversas faltas por parte de la entidad liderada por Consuelo Contreras. Incluso, enviaron un escrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que tome cartas en el asunto. Expertos en derechos humanos criticaron la solicitud de Chile Vamos y precisaron que no tiene el suficiente sustento jurídico para lograr descabezar al INDH. Sin embargo, plantearon ciertas dudas sobre el proceso de nombramiento de los 11 consejeros, el cual tiene participación de los tres poderes del Estado, de las facultades de Derecho de diferentes universidades y de otras instituciones ligadas a los derechos humanos.

En 2021, el exmagistrado Juan Antonio Poblete señaló a Mario Desbordes que esperaba que su “mejor amiga”, María Teresa Letelier, conformara la nómina de cinco integrantes para asumir en la Corte Suprema. “Apoyémosla entonces”, respondió el actual candidato a la alcaldía de Santiago. Desde ahí se mantuvieron las conversaciones y, de acuerdo a un reportaje de Ciper, incluso hubo un contacto entre Letelier y Desbordes. ¿El objetivo? Agradecerle por sus aparentes gestiones. De este hecho proviene la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos por posible tráfico de influencias, que quedó en nada producto de un recurso de reposición presentado por la defensa de Desbordes.

Tras ello, los tres partidos que conforman Chile Vamos pidieron remover a Consuelo Contreras, por ser la directora del INDH, y a Francisco Ugás, quien tendría un conflicto de interés en esta materia. Ugás, quien llegó al organismo en 2022 como representante de la sociedad civil, es parte querellante de la Operación Topógrafo. En este caso se investigan escuchas telefónicas ilegales que habrían sido autorizadas por el entonces juez Juan Antonio Poblete.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que el Instituto “se ha transformado en el verdadero brazo armado de la izquierda en nuestro país y esto queda de manifiesto con las graves irregularidades que han ocurrido al interior de él”. En la misma línea, todas las bancadas de la coalición recurrieron a la ONU para que evalúe medidas en contra del INDH. “Se debe examinar su acreditación y dejar en evidencia la magnitud de una crisis. De lo contrario, demandará de profundos cambios legislativos”, sostuvo Ximena Ossandón (RN). De cualquier forma, la solicitud de remoción ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y la decisión final quedó en manos de la Corte Suprema.

Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), aseguró a Radio Bío Bío, que este sector ha tenido una “crítica sostenida” en contra del Instituto, por lo que no le sorprende su petición. “El hecho de que un tribunal declare o no admisible una querella no me parece que sea un criterio en virtud del cual un consejero pueda ser removido”, indicó.

Sobre el caso puntual del consejero Francisco Ugás, opinó que “lo que hemos visto en general en nuestro sistema de administración de justicia es que la cantidad de personas que no entienden los conflictos de interés, o que están implicados con alguna de las partes, es una práctica lamentablemente común”. En ese sentido, Casas afirma que este mismo criterio “dejaría descabezadas varias Cortes de Apelaciones, tribunales y, potencialmente, algunas fiscalías. Chile Vamos está tratando de hacer más bien un punto político que remitirse a los problemas de fondo que tiene el INDH”.

Cristian Cruz, abogado querellante en diversas causas de derechos humanos, también expresó que “la solicitud de remoción carece de los suficientes argumentos jurídicos para lograr su cometido”. Eso sí, cree que “hay intereses políticos en el INDH”, lo que se vería reflejado en “el acuerdo entre diferentes actores políticos para la designación de consejeros. Eso no me parece”. “Es lo mismo que acaece en otras instituciones del Estado, donde la derecha y los gobiernos concertacionistas y posconcertacionistas se han distribuido cargos y cupos de acuerdo a sus propios intereses”, agregó.

Lo que dice Cruz se relaciona a la forma en que son escogidos los 11 consejeros que conforman el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Según el artículo 6 de la Ley 20.405, dos son nombrados por el Presidente de la República; dos por el Senado; dos por la Cámara de Diputados; uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades que conforman el Consejo de Rectores y de las universidades autónomas; y cuatro por instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Lidia Casas propone eliminar el inciso que da autoridad al jefe de Estado para designar a dos consejeros, ya que “eso hace que haya una correlación con el gobierno de turno, lo que hace más susceptible al INDH de tener una mirada en particular”. Pero también plantea sus dudas respecto a la facultad que tienen las casas de estudio. “Si hay tres candidatos que pueden representar a las facultades de Derecho de Chile, hay una cierta mayoría de universidades que son las que normalmente cooptan este espacio. Podrían ser personas incluso que tienen cero conocimiento sobre derechos humanos”, sentenció.

Por otra parte, la académica de la UDP pide que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos nos sea un integrante del propio Consejo, sino que sea una persona externa nombrada por el sistema de Alta Dirección Pública. “Lo que ha hecho es tener unos niveles importantes de disputas internas que vuelve mucho más compleja la implementación de las políticas que se dan al interior de este órgano colegiado”, manifestó.

En tanto, Cristian Cruz apunta a que los cambios en el Instituto deben darse “en la tramitación en juicio, ya que tiene que tener capacidad no sólo de accionar, sino también de sustentar de manera efectiva las causas”. “Muchas veces no se da abasto para el trabajo que existe. Eso no es positivo desde el punto de vista de las víctimas, quienes requieren de un INDH en reales capacidades de estar actuando”, cerró.