Familia de Julia Chuñil denunció montaje tras detenciones, mientras fiscalía defiende legalidad del procedimiento

La Familia de la mujer desaparecida acusó montaje, pruebas falsas y uso irregular de testigos protegidos, mientras el Ministerio Público sostiene que las detenciones se ajustan a antecedentes reunidos en una investigación reservada.

La detención de familiares de Julia Chuñil Catricura, ocurrida durante la madrugada del 14 de enero de 2026, generó una nueva controversia en torno a la investigación del caso, luego de que la familia denunciara un presunto montaje judicial y el uso de pruebas falsas, acusaciones que fueron rechazadas por la Fiscalía, que defendió la legalidad del procedimiento.

Según denunció Lyssette Sánchez, nieta de Julia Chuñil, el operativo incluyó allanamientos violentos en el sector El Ciruelo, comuna de Máfil, y en la ciudad de Temuco, donde fueron detenidos Janet Troncoso Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Pablo San Martín Chuñil y un yerno de la familia. La vocera familiar sostuvo que el procedimiento se realizó con uso excesivo de fuerza, presencia de armas y una alta dotación policial, incluso cuando en los domicilios había menores de edad.

En un audio difundido públicamente, Sánchez acusó directamente a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, de intentar “instalar pruebas falsas” y de presentar testigos protegidos que tendrían vínculos con el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, a quien la familia ha señalado desde un inicio como principal sospechoso del caso. Afirmó además que las detenciones carecen de sustento real y responden a un nuevo intento de criminalizar a la familia, acusándolos de delitos como robo con violencia y asesinato.

La nieta de Julia Chuñil aseguró que existen contradicciones en las declaraciones de los testigos protegidos, que se atribuyen apodos, conductas y hechos que la familia califica como falsos. También recordó episodios previos que, según su relato, formarían parte de intentos anteriores de montaje, incluyendo peritajes cuestionados y diligencias que habrían sido descartadas posteriormente.

Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos, en tanto, se informó que las detenciones se realizaron en el marco de una investigación compleja y reservada, luego de reunir antecedentes que permitieron solicitar órdenes de detención ante el tribunal competente. El Ministerio Público sostuvo que las diligencias se ajustaron a derecho y que los imputados fueron puestos a disposición del tribunal para su control de detención y posterior formalización.

La fiscalía señaló que los cargos que se expondrían en audiencia corresponden, según cada caso, a robo con violencia, parricidio y homicidio calificado, y que los antecedentes que sustentan la imputación no pueden ser divulgados en detalle debido al carácter reservado de la investigación.

En la misma línea, el Tribunal de Garantía de Los Lagos declaró ajustadas a derecho las detenciones y fijó la audiencia de formalización para el 15 de enero, mientras que desde el Ministerio Público se ha insistido en que la investigación no se guía por presiones externas ni consideraciones políticas, sino por los antecedentes reunidos durante el proceso.

La defensa de la familia anunció que insistirá en cuestionar el actuar de la fiscalía y evalúa solicitar que la fiscal regional sea apartada de la causa, manteniendo la tesis de que existe un trato diferenciado hacia la familia por su condición de familia mapuche, acusación que hasta ahora no ha sido abordada directamente por el Ministerio Público.