A CUATRO AÑOS DEL RECHAZO, ELISA LONCÓN APUNTA A PARTIDOS PROGRESISTAS Y CUESTIONA NUEVO ESTADO DE EXCEPCIÓN

La expresidenta de la Convención Constitucional reconoció que el proceso no consiguió entregar una nueva Carta Fundamental al país y atribuyó parte de la derrota al alejamiento de los partidos progresistas de los territorios y las organizaciones sociales. Además, cuestionó la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno y sostuvo que las demandas históricas del pueblo mapuche no deben ser confundidas con narcotráfico o terrorismo.

En vísperas de cumplirse cuatro años del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón Antileo, realizó una autocrítica sobre el proceso que culminó con el triunfo del Rechazo y abordó los cambios que, a su juicio, ha experimentado la agenda política chilena desde aquella votación.

En conversación con T13 En Vivo, la lingüista y académica de la Universidad de Santiago reconoció que la Convención no consiguió su principal propósito institucional: entregar al país una nueva Constitución. Sin embargo, descartó que el proceso haya carecido de valor y sostuvo que dejó importantes aprendizajes para cualquier futura discusión constitucional.

Uno de ellos, afirmó, es que una Carta Fundamental debe representar a una mayoría amplia de la sociedad y no únicamente a una parte del país. Esta conclusión, agregó, quedó reflejada tanto en el rechazo a la propuesta elaborada por la Convención durante 2022 como en el resultado adverso que obtuvo el segundo proyecto constitucional sometido a plebiscito en diciembre de 2023.

En la votación de 2022, la opción Rechazo alcanzó el 61,86% de los sufragios, mientras que el Apruebo obtuvo el 38,14%, de acuerdo con los resultados oficiales del Servicio Electoral.

AUT0CRÍTICA A LOS PARTIDOS PROGRESISTAS

Loncón sostuvo que el resultado no puede explicarse exclusivamente por la desinformación, la intervención de cuentas automatizadas o las campañas desarrolladas en redes sociales. A su juicio, también existió una responsabilidad de los partidos progresistas, los que se habrían alejado de los territorios durante la etapa decisiva del proceso.

La exconvencional planteó que estas colectividades descuidaron el contacto con las organizaciones sociales, comunidades y juntas de vecinos, además de no haber realizado un trabajo suficiente para explicar el contenido de la propuesta constitucional a la ciudadanía.

Respecto de los cambios políticos registrados desde 2022, Loncón afirmó que la agenda del país experimentó un desplazamiento hacia la derecha. Según su análisis, asuntos como los derechos sociales, la educación, la salud, el medioambiente, las demandas feministas y el reconocimiento de los pueblos indígenas perdieron protagonismo en el debate público.

Pese a los dos resultados electorales adversos, la académica consideró que las demandas que originaron el proceso constitucional continúan presentes y todavía no encuentran una respuesta definitiva. También reivindicó que los pueblos indígenas pudieran participar directamente en la Convención, mediante representantes elegidos a través de escaños reservados y sin intermediarios políticos.

BOTS, DESINFORMACIÓN Y CASO CERIMEDO

Durante la conversación, Loncón también expresó preocupación por el impacto de la desinformación y de las cuentas automatizadas sobre los procesos democráticos. En ese contexto, aludió a los antecedentes conocidos alrededor del consultor argentino Fernando Cerimedo y a la eventual utilización de redes de bots para intervenir en el debate político chileno.

La expresidenta de la Convención sostuvo que el posible alcance de estas operaciones debe ser investigado y llamó a avanzar en una legislación que permita proteger la deliberación ciudadana frente a mecanismos de manipulación digital.

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión abierta por el caso Cerimedo y tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de una comisión especial investigadora que indagará la actuación de las instituciones del Estado frente a antecedentes sobre bots, desinformación y eventuales influencias en procesos electorales.

CUESTIONAMIENTOS A LA PROPUESTA DE SEGURIDAD

La académica también fue consultada por el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno, iniciativa que busca crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública para enfrentar alteraciones graves provocadas por organizaciones criminales o terroristas.

Loncón calificó la propuesta como restrictiva e insuficiente para abordar integralmente la inseguridad. A su juicio, una estrategia efectiva contra el crimen organizado debe concentrarse también en perseguir la ruta del dinero proveniente del narcotráfico y facilitar el acceso a información bancaria durante las investigaciones.

La exconvencional trasladó posteriormente el debate a la Macrozona Sur y cuestionó los efectos que han tenido las medidas de excepción sobre las comunidades indígenas. Según sostuvo, las demandas históricas vinculadas al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche no pueden ser equiparadas automáticamente con actividades terroristas o relacionadas con el narcotráfico.

“El pueblo mapuche no es un pueblo terrorista”, afirmó Loncón, quien lo definió como un pueblo con capacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos.

La académica manifestó que el país necesita un Estado fuerte para enfrentar la delincuencia, pero también una institucionalidad capaz de mediar y responder democráticamente a las demandas sociales. En su análisis, esa dimensión política no puede ser sustituida únicamente por el despliegue de estados de excepción.

De esta manera, cuatro años después del primer plebiscito de salida, Loncón reconoció las fallas del proceso encabezado por la Convención, pero defendió las discusiones sociales e indígenas que este instaló y sostuvo que los problemas que impulsaron el debate constitucional permanecen sin una solución definitiva.