Cada inmigrante en situación irregular en Chile tiene una historia particular, por lo que el fenómeno debe abordarse con cuidado y respetando el marco legal vigente. Ni los “perdonazos” generales ni las amenazas de expulsión sin base legal representan soluciones efectivas.

El Gobierno ha intentado ordenar la situación a través del llamado empadronamiento voluntario, un proceso iniciado en julio de 2023 que permitía registrar los datos personales y biométricos de quienes ingresaron por pasos no habilitados. Sin embargo, esta iniciativa solo estuvo activa por unos meses, dejando a quienes no lograron inscribirse expuestos a posibles medidas administrativas.

Actualmente, el ingreso clandestino al país no constituye delito, según la jurisprudencia chilena. Un proyecto de ley en tramitación busca tipificar esta conducta y establecer sanciones, de modo que la expulsión solo podría aplicarse tras cumplir la pena correspondiente. Esto subraya la necesidad de que cualquier medida sea legalmente fundamentada y respetuosa de los derechos de los migrantes.

La migración irregular en Chile es diversa: incluye tanto a personas trabajadoras que buscan oportunidades legítimas, como a quienes cometen delitos. Además, el proceso de regularización enfrenta retrasos y dificultades administrativas, lo que complica la situación de muchos extranjeros que desean residir legalmente en el país.

Expertos coinciden en que la migración irregular no debe ser utilizada con fines políticos ni generar decisiones improvisadas. Se requiere un enfoque integral que combine control fronterizo, regularización ordenada y respeto a los derechos humanos, buscando soluciones estructurales que puedan implementarse a largo plazo.