El parche después de la herida: Senado apruebó Ley de Incendios tras megaincendio en Biobío

La iniciativa fue respaldada de manera unánime y avanza en medio de presiones del Ejecutivo y tensiones políticas por su tramitación acelerada.

A poco más de una semana del megaincendio que afectó a Lirquén y Punta de Parra, en la Región del Biobío, el Senado aprobó de forma unánime la Ley de Incendios (Boletín 16.335-14), despachándola a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. La votación se resolvió con 34 votos a favor y ninguna abstención, en un contexto marcado por la urgencia legislativa impuesta por el Ejecutivo.

El avance del proyecto no estuvo exento de controversias. La sesión se desarrolló en medio de un tenso intercambio entre la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón, principalmente por el ritmo de tramitación y la evaluación del impacto presupuestario de la normativa.

La iniciativa busca modificar estructuralmente la gestión del riesgo de incendios en Chile, desplazando el foco desde la reacción hacia la planificación territorial preventiva. Uno de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento de la interfaz urbano-rural como zona prioritaria de peligro, estableciendo restricciones al desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios o productivos que no cumplan con estándares mínimos de seguridad frente a incendios.

El texto legal también impone deberes específicos a los propietarios de predios, como la construcción obligatoria de cortafuegos, el manejo técnico de la vegetación y la reducción de material combustible, medidas que han generado cuestionamientos desde algunos sectores productivos, particularmente pequeños propietarios forestales, quienes advierten eventuales costos difíciles de asumir sin apoyo estatal claro.

En el plano institucional, la ley introduce nuevas definiciones técnicas y refuerza las capacidades operativas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), además de entregar mayores atribuciones al Servicio Nacional Forestal (Senafor). A ello se suma una coordinación más estrecha con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el sector privado, con el objetivo de fortalecer la prevención, mitigación y respuesta ante emergencias.

Si bien el proyecto fue aprobado sin votos en contra, durante su discusión se evidenciaron dudas sobre el financiamiento real de las nuevas obligaciones, así como críticas por un eventual traslado de responsabilidades desde el Estado hacia los privados, especialmente en territorios rurales altamente expuestos a incendios forestales.

Con este respaldo en el Senado, la Ley de Incendios entra ahora en una fase clave en la Cámara Baja, donde se anticipa un debate centrado en los costos de implementación, el rol del Estado en la prevención y el equilibrio entre desarrollo territorial y seguridad frente a catástrofes cada vez más frecuentes.