El reglamento, de 30 páginas, establece una serie de requisitos para las empresas de aplicaciones de transporte, incluyendo la licencia de conducir, la antigüedad del vehículo y la cilindrada máxima, entre otros.
Este paso es parte de la implementación de la Ley 21.553, que busca regular este tipo de servicios con el objetivo de garantizar la seguridad de usuarios y conductores, así como equilibrar la competencia con los taxis tradicionales.
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversias y desafíos. Durante los nueve meses de trabajo, el gremio de aplicaciones expresó preocupaciones, argumentando que las medidas propuestas podrían reducir drásticamente la disponibilidad de viajes y generar desempleo. Incluso, la plataforma Uber lanzó una intensa campaña llamada «Deja Moverme» para persuadir a los usuarios a rechazar el reglamento.
Ante la presión, el Gobierno se mostró dispuesto a realizar ajustes al reglamento. Finalmente, el documento presentado a la Contraloría evidenció cambios, como la equivalencia de la cilindrada a 1.4 litros en lugar de ser solo el máximo permitido, y un aumento de la antigüedad máxima de los vehículos de siete a diez años.
A esto se refirió el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien expresó su satisfacción por el reciente ingreso a la Contraloría General de la República del reglamento final de la Ley 21.553, conocida como «Ley Uber». El ministro destacó la oportunidad de la regulación y su alineación con medidas adoptadas por otros países para regular las aplicaciones de transporte.
«Esto es muy oportuno y se pone a la par de otros países del mundo que han regulado las aplicaciones de una manera similar a la que estamos haciendo nosotros», declaró Muñoz. El ministro destacó el carácter participativo del proceso, a pesar de que las aplicaciones de transporte se organizaron gremialmente en los últimos meses. Aseguró que se han mantenido reuniones con ellos de manera adecuada.
El Ministro Muñoz destacó que el reglamento se centra explícitamente en la seguridad, siendo este su principal enfoque. Con estas modificaciones, se espera que la incertidumbre en torno a la regulación de las aplicaciones de transporte en Chile comience a disiparse, dando paso a una nueva etapa en la relación entre el gobierno y las plataformas de movilidad.


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