La iniciativa presentada por el Ejecutivo incluye medidas para recuperar recursos del Crédito con Aval del Estado. El plan busca aumentar el cobro a deudores y limitar la expansión de la gratuidad universitaria, reactivando un debate político que lleva más de una década en Chile.
El proyecto de ley “Reconstrucción Nacional”, anunciado por el presidente José Antonio Kast, no solo contempla medidas para enfrentar la reconstrucción tras los incendios forestales que afectaron al sur del país. Entre sus propuestas más controvertidas aparece un punto que vuelve a tensionar el debate sobre el financiamiento de la educación superior: reforzar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Según lo informado por el gobierno, la iniciativa plantea fortalecer los mecanismos de recuperación de deuda del CAE, un sistema de financiamiento universitario que permite a estudiantes acceder a créditos otorgados por bancos privados con garantía estatal. En la práctica, esto significa que el Estado buscará aumentar la recuperación de recursos provenientes de deudores que mantienen créditos activos o en mora, con el objetivo de reducir el impacto fiscal asociado a este sistema.
En el Ejecutivo sostienen que el CAE ha significado durante años un costo relevante para las finanzas públicas, especialmente debido a los niveles de morosidad que se registran en el sistema de créditos estudiantiles.
Qué es el CAE y por qué vuelve al centro del debate
El Crédito con Aval del Estado (CAE) fue creado en 2005 para facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes que no contaban con recursos suficientes para financiar sus estudios universitarios.
El mecanismo funciona a través de créditos entregados por bancos privados, mientras que el Estado actúa como aval, es decir, responde en caso de que el estudiante no pueda cumplir con el pago de la deuda.
Con el paso de los años, el sistema se transformó en uno de los principales focos de crítica al modelo de financiamiento universitario en Chile, debido al alto nivel de endeudamiento que generó entre miles de egresados.
El CAE fue además uno de los detonantes de las movilizaciones estudiantiles de 2011, que instalaron en el debate público la demanda por cambios estructurales en el acceso a la educación superior.
El cambio que plantea el proyecto del gobierno
Dentro del eje denominado “reconstrucción fiscal”, el proyecto de ley plantea reforzar el cobro de las deudas del CAE como parte de una estrategia para ordenar las cuentas públicas y recuperar recursos comprometidos por el Estado.
La iniciativa apunta a:
- fortalecer los mecanismos de cobro a deudores del CAE
- mejorar la recuperación de recursos fiscales asociados al sistema
- reducir el impacto financiero del crédito universitario en las cuentas del Estado
Desde el gobierno sostienen que el objetivo es reducir la carga fiscal que implica el sistema de créditos universitarios, especialmente en un contexto de reconstrucción tras los incendios forestales.
El vínculo con la gratuidad universitaria
Las medidas sobre el CAE se presentan junto a otro cambio relevante en materia de educación superior: establecer límites a la gratuidad universitaria.
Entre las propuestas del proyecto se plantea:
- restringir la gratuidad principalmente a estudiantes menores de 30 años
- frenar la expansión del beneficio hacia nuevos grupos de ingresos
Según el Ejecutivo, estas medidas buscan contener el gasto público en educación superior y priorizar los recursos fiscales en el proceso de reconstrucción del país.
Un debate político que vuelve al Congreso
El anuncio ya generó reacciones en distintos sectores políticos, especialmente debido al impacto que podrían tener estas medidas en miles de personas que mantienen deudas por estudios universitarios.
Mientras desde el gobierno se plantea que el reforzamiento del cobro del CAE apunta a recuperar recursos fiscales, sectores críticos advierten que la iniciativa podría aumentar la presión sobre deudores que aún arrastran compromisos financieros por su educación.
El proyecto de Reconstrucción Nacional deberá ahora iniciar su tramitación legislativa en el Congreso, donde el debate sobre el CAE, la gratuidad universitaria y el rol del Estado en el financiamiento de la educación superior promete volver a instalarse con fuerza.
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