No basta con el discurso: la responsabilidad pública de quienes dicen defender a víctimas de acoso laboral

Por: María José Zúñiga Espinoza, Profesora de Educación Diferencial, mención deficiencia mental.Licenciada en Educación

Las palabras importan, pero los actos pesan más, sobre todo cuando provienen de quienes ocupan roles de liderazgo en organizaciones que dicen combatir el acoso laboral y la NO discriminación. En ese contexto, lo ocurrido en los últimos días en base a denuncia publicada en su medio de comunicación, no es solo un ataque personal: es un problema ético que merece ser abordado.

Quiero partir por lo esencial: existe una sentencia ejecutoriada que acreditó mi denuncia por vulneración de derechos fundamentales, no he mentido y no he maltratado a nadie, tampoco se me ha instruido un sumario administrativo por supuestamente maltratar a la Presidenta de la Fundación fuera acosadores.

Estos no son puntos de vista ni una simple afirmación, son hechos; sin embargo, desde una posición de poder simbólico, se han difundido afirmaciones que contradicen abiertamente esta realidad.

Cuando quien preside una Fundación contra el acoso laboral instala versiones falsas o imprecisas sobre una denunciante, no estamos ante un simple error comunicacional, estamos frente a una señal preocupante sobre cómo se ejerce ese liderazgo. Porque la defensa de las víctimas no puede depender de afinidades personales ni de narrativas convenientes: exige rigor, responsabilidad y, sobre todo, coherencia.

El problema trasciende mi caso, si una organización que busca erradicar el acoso laboral termina reproduciendo prácticas de deslegitimación pública, el daño es colectivo. Se erosiona la confianza, se debilitan las herramientas que muchas personas necesitan para atreverse a denunciar y se instala la idea de que incluso después de un fallo favorable, la exposición y el descrédito continúan para una víctima.

Además, no se puede ignorar el impacto humano de estas acciones, la difusión de comentarios falsos no ocurre en abstracto: afecta vidas concretas, en mi caso, incluso mi hijo se vio expuesto a mensajes que nunca debieron circular, esa es la dimensión más tangible de la revictimización.

Los liderazgos en causas sociales no son solo vocerías; son compromisos con estándares más altos, implican actuar con la misma responsabilidad que se exige a otros, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como el acoso laboral y la discriminación.

Por eso, esta columna no es solo una defensa personal, es un llamado a la coherencia. A que quienes ocupan espacios de representación entiendan que sus palabras tienen consecuencias, y que no se puede construir una causa justa sobre la base de desinformación o ataques personales en contra de quienes hemos recurrido legítimamente a la justicia.

La lucha contra el acoso laboral requiere convicción, pero también integridad, sin ambas, el discurso pierde sentido y las víctimas quedan, una vez más, desprotegidas.

Al final del día, la credibilidad de una causa no se sostiene en los discursos que se pronuncian en tribunas públicas, sino en la ética con la que se actúa en la intimidad de las decisiones, quienes llevan banderas de justicia no pueden permitirse el lujo de la desmemoria o la distorsión; por cuanto la Presidenta de una Fundación que trabaja contra el acoso laboral se convierte en altavoz del descrédito, traiciona la visión de su organización, no basta con decir que se defienden víctimas; hay que ser capaces de sostener esa defensa incluso cuando la víctima le resulta incómoda. Porque si la justicia ya habló a través de una sentencia, la difamación no puede quedar impune.