Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la marihuana, con la ambición de posicionarse como un líder global en el mercado del cannabis medicinal. Sin embargo, lo que en su momento fue un modelo pionero hoy enfrenta una crisis profunda. Empresas clave como Pharmin, Global Cannabis Holdings y Boreal han abandonado el país, mientras que gigantes como Aurora Cannabis planean cerrar sus operaciones en Uruguay para fines de septiembre.
Pese a las expectativas de generar exportaciones por US$1.000 millones y crear miles de empleos, los resultados han sido decepcionantes. Desde 2018, los envíos al exterior no superan los US$30 millones, y solo 750 personas trabajan en el sector, muy por debajo de lo proyectado.
El estancamiento del negocio se debe en gran parte a la compleja burocracia y la estricta regulación del gobierno uruguayo, que exige productos de grado farmacéutico para el cannabis medicinal, ralentizando los procesos de producción y exportación. Empresas como Burey y GreenMed han enfrentado largos retrasos en la obtención de permisos para exportar a países como Brasil y Perú.
Uruguay, que en 2013 legalizó el uso recreativo y medicinal del cannabis con la esperanza de desmantelar las redes de narcotráfico y crear un nuevo motor económico, ahora se enfrenta a una realidad distinta: mientras el consumo recreativo sigue en aumento, el negocio del cannabis medicinal se ve asfixiado por trabas regulatorias y un mercado global que no responde a las expectativas iniciales.
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