El cierre del consulado de Venezuela en Santiago ha generado un obstáculo significativo en los esfuerzos del Gobierno de Chile para gestionar la migración irregular, especialmente la expulsión de migrantes venezolanos. Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, explicó que la imposibilidad de verificar la identidad de los ciudadanos venezolanos ha puesto un alto en las expulsiones. “No se ha podido expulsar a nadie (…) porque el consulado tiene que verificar la identidad de la persona, tiene que decir que esa persona es ciudadana de mi país”, aclaró Thayer.
Esta situación ha impactado directamente en la gestión de migración irregular, un problema que ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia. Thayer comentó sobre el incremento del flujo migratorio irregular, señalando que “hoy día nos tienen frente a una cantidad de personas de migración irregular que no habíamos visto”.
El cierre del consulado fue una decisión del Gobierno de Nicolás Maduro, quien ordenó el retiro de sus misiones diplomáticas en Chile y otros seis países de la región, tras no ser reconocido como presidente reelecto por los gobiernos de estas naciones. Desde entonces, la expulsión de ciudadanos venezolanos ha quedado en pausa, redirigiendo el enfoque hacia otras nacionalidades.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, también ha expresado su preocupación por la situación de los migrantes con órdenes de expulsión en Chile, quienes suman alrededor de 28.000 personas, algunas de las cuales llevan años en el país sin que se haya ejecutado su salida. “Están circulando por el territorio nacional. Mientras no se ejecute esa expulsión, no tenemos ningún control de dónde están, no sabemos nada de ellos”, señaló Tohá ante la Comisión Investigadora del Crimen Organizado de la Cámara de Diputados.
Chile, que ha visto un aumento exponencial de la migración irregular en los últimos años debido a la crisis en varios países de la región, enfrenta un desafío adicional con las dificultades para coordinar los vuelos de repatriación. En 2023, cerca de 44.000 personas ingresaron de manera irregular al país, según la Policía de Investigaciones. Los venezolanos constituyen la mayor comunidad de migrantes en Chile, con un total aproximado de 1,4 millones de extranjeros, lo que representa más del 7% de la población.
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