Columna de Opinión: Acusación contra ministro y ESI

Durante las últimas semanas, ha causado controversia el »procedimiento de salud sexual» que se llevó a cabo en la Escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano, la cual fue difundida como una »charla sexual» desde quienes no están a favor de esta medida que se busca implementar en los establecimientos educacionales.

Según señalaron los apoderados, la actividad culminó con niños llorando, fueron tocados en sus genitales, algunos se vieron en la obligación de ver videos para adultos y recibieron preguntas »obscenas». Bajo esto, si se supone que este tipo de actividades velan por la seguridad de los menores, ¿Por qué los apoderados denunciarían los hechos a la Policía de Investigaciones?

Sin duda una interrogante que nace bajo la premisa de que, esto demuestra, que no todos los padres están de acuerdo con este tipo de »talleres». Es más, los apoderados denunciaron la actividad por no tener el consentimiento de ellos, lo cual debe regir desde un principio y más aún si son menores de edad.

Sin ir más allá, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se encuentra bajo el alero de una Acusación Constitucional por »Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”, además de »Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”, entre otros argumentos que sustentan la acusación.

Esto sustenta la idea de que la Educación Sexual Integral, no puede ser un espacio de enseñanza impuesto. Se destaca la premisa de »imponer» porque si fuera un espacio sistemático éticamente aceptado, no tendría la desaprobación de tantos padres y apoderados, quienes están en todo su derecho de elegir qué tipo de educación otorgan a sus hijos.